Los High-Level Segment del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas reúnen a un heterogéneo grupo de representantes de alto nivel del Gobierno, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico y representan la culminación del trabajo anual del Consejo. Este año el tema principal es “Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad”.

Desde la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España, como entidad con Estatuto Especial Consultivo ante el ECOSOC, hemos preparado una declaración escrita para dicho evento la cual transcribimos en español:

“La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España es una entidad con 30 años de historia que reúne  algunas de las organizaciones sociales más importantes en la defensa de derechos humanos en España: Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS SAHARA, Justicia y Paz, Movimiento contra la Intolerancia, MTM Mundubat, Asociación para las Naciones Unidas en España ANUE, Asociación Pro Derechos Humanos de España APDHE, UNESCO ETXEA, Asociación de Mujeres Gitanas ALBOREA, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, y Fundación Paz y Cooperación.

El derecho a la igualdad forma parte de los derechos humanos. Es por tanto un derecho universal, inherente a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.

Más allá de la igualdad formal, la real requiere de un trabajo continuo en inclusión que garantice que cada persona es y se tiene como un igual en derechos y obligaciones dentro de la sociedad a la que pertenece.

En muchas de nuestras sociedades, así lo es en España, las situaciones de discriminación se caracterizan porque la mayoría de ellas no son denunciadas, lo que dificulta la aplicación de la normativa legal. También una falta de confianza en el resarcimiento de daños y un nivel de permisividad injustificado que tiene mucho que ver con la falta de identificación de situaciones como de discriminación tanto por parte de la víctima como por parte de quien está discriminando, incluso por parte del agente público que debe recibir y tramitar la denuncia

Por eso desde la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos creemos en la necesidad de concienciar y asegurar la correcta identificación de los actos de desigualdad. Igualmente creemos en la necesidad de reforzar la educación en valores democráticos y derechos humanos en los curriculums académicos, así como de disponer de recursos normativos que faciliten el conocimiento de los derechos protegidos y de las herramientas legales para su defensa y de la creación de  un sistema de sanción y resarcimiento que impida la impunidad de acciones.

Esta formación debe ser transversal y no circunscribirse únicamente a la enseñanza reglada habitual (colegios, institutos, universidades…). Por el contrario, se debe incidir especialmente en lugares en los que la formación en principios antidiscriminatorios no está tan presente: desde la posibilidad de implementar reformas legales que  incluyan la obligatoriedad de que las empresas cuenten con planes específicos en la materia hasta el establecimiento de una formación continua para todos los agentes públicos que estén presente en un procedimiento de denuncia.

Para ello es imprescindible la existencia y potenciación de foros inclusivos y transparentes en los que toda la sociedad tome conciencia y se implique en la lucha por la igualdad, siendo indispensable la participación de las personas y colectivos discriminados en ellos. Poner el foco en que las personas discriminadas sean las dueñas de su propio proceso emancipador es la vía para conseguir sociedades más justas.”

En el siguiente enlace se puede consultar el texto en inglés y el resto de escritos de otras organizaciones:

https://esango.un.org/irene/index.html?page=viewPublicStatements&nr=29823&type=8&section=8

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