La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 52/1949 de 12 de diciembre de 1997, proclamó que los días 26 de junio de cada año, se celebraría el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con la finalidad de conseguir la erradicación total de la misma y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Un año más, la tortura se sigue practicando pese a su consideración como crimen de derecho internacional y al posicionamiento en contra de la comunidad internacional ya desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ban Ki-Moon, con motivo de la XIX celebración del Día Internacional Contra la Tortura, ha mostrado nuevamente su preocupación por esta práctica que se mantiene y, añade "está incluso ganando aceptación".

 

Desgraciadamente, tampoco nuestro país es ajeno a esta práctica, como se deduce de distintos indicios, entre otros, de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo al Estado español en el informe del Examen Periódico Universal de 2015 respecto a la necesidad de prevenir la tortura y los malos tratos así como la necesidad de una nueva regulación de la detención en régimen de incomunicación.

También se evidencia su practica por las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la última en su sentencia de 31 de mayo de 2016 (asunto Beortegui Martínez c. España, 36.286/14). El Tribunal considera que se ha vulnerado el artículo 3 del Convenio por insuficiente investigación de las denuncias por malos tratos sucedidos durante detenciones en régimen de incomunicación.