La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en el año 2000 proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante con la finalidad de proteger efectiva y plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes. 

Asistimos a un momento de grandes flujos migratorios alentados por la búsqueda de mejores oportunidades económicas que les permita salir, en muchos casos, de situaciones de pobreza extrema. A estas causas hay que añadir la violencia, los conflictos bélicos, el cambio climático y un largo etcétera. En el año 2015 se alcanzó la cifra de 244 millones de migrantes, que supone un 3,3% de la población mundial, y se prevé que en el año 2016 se superan los 250 millones. En estas cifras se incluyen los 65,3 millones de desplazados y dentro de ésta, a su vez, los 21,3 millones de refugiados. 

Estos flujos migratorios no sólo no van a disminuir sino que irán en un constante aumento, aportando a nuestra sociedad una realidad multiétnica que exigirá de los países de acogida un esfuerzo de adaptación. En el documento final de la cumbre de Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda 2015-2030 se hace hincapié en "la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible… La migración internacional es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino, que exigen respuestas coherentes e integrales." 

Ante esta realidad Naciones Unidas, los diferentes Estados y la comunidad internacional en su conjunto deben garantizar la seguridad de los migrantes, con pleno respeto de los derechos humanos, dispensándoles un trato humano, sea cual sea su estatus migratorio, sabiendo que cuando se cumpla el Objetivo 1 de los recogidos en la Agenda 2030 "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo" se producirá una importante reducción de la migración, con los beneficios que de ello se derivarán para todos.

La Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha firmado, con otras 72 organizaciones de la sociedad civil de toda Europa, la carta abierta dirigida a la Comisión Europea pidiendo de ésta que emprenda acciones contra el Gobierno polaco, al amparo del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

El Gobierno polaco, desde octubre de 2015 que tomó posesión el actual Presidente, ha emprendido una serie reformas que suponen un riesgo y amenaza para el Estado de derecho y para los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y que consagra el artículo 2 del TUE.

Las reformas emprendidas por el Gobierno respecto al Tribunal Constitucional polaco han supuesto una merma para su funcionamiento efectivo y un ataque a su independencia. Y todo ello se enmarca en el conjunto de reformas tendentes a minar los derechos humanos en Polonia y la separación de poderes.

Desde hace un año la Comisión Europea, en su mecanismo "Marco del Estado de Derecho", mantiene un diálogo con el Gobierno polaco para determinar si existe una amenaza sistémica para el Estado de derecho en Polonia. En este proceso la Comisión emitió dos series de Recomendaciones al Gobierno, en julio y diciembre de 2016, Recomendaciones que el Gobierno fundamentalmente ha ignorado prosiguiendo sus actuaciones limitativas de los derechos humanos.

Madrid, 26 de febrero de 2016

La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en la última Asamblea General celebrada el pasado día 19 de febrero, manifestó su preocupación porque, aun cuando los derechos humanos se hayan incluido con mayor o menor intensidad en los programas electorales de los distintos partidos políticos, no se han incorporado, sin embargo, suficientemente en el proceso abierto por los citados partidos para concluir en un compromiso o pacto de investidura y/o gobierno.

Madrid, 26 de febrero de 2016

La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con otras nueve ONGs españolas, han consensuado una serie de propuestas para la elaboración del listado de preguntas al Gobierno español en su LOIPR 2017, preguntas que fueron presentadas el 29 de enero último ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo la Federación, en la ultima Asamblea celebrada el 19 de febrero, acordó elaborar un Informe Sombra al VII Informe de Estado que presentará el Gobierno ante  el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Madrid, 17 de diciembre de 2015

Ha culminado la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), celebrada en París entre el 30 de noviembre y 11 de diciembre de 2015. 

La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos considera oportuno hacerse eco de una de los principales iniciativas impulsadas por Naciones Unidas en 2015.

El objetivo de la Convención, fundamentalmente, se concretaba en llegar a un acuerdo suficiente para conseguir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e impedir que el aumento de la temperatura en el Planeta sobrepasase los 2 °C a final del siglo.

El 12 de diciembre la totalidad de los 195 países participantes llegaron a un acuerdo, el denominado Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Los países se comprometieron a limitar el aumento de las temperaturas entre 1.5° y 2 °C en comparación con la era pre-industrial.